| Perfeccionar el proyecto de ley relativo a los tribunales tributarios, con la finalidad de garantizar tanto los derechos de los contribuyentes como la recaudación fiscal, es el principal objetivo de la indicación sustitutiva que el Ministerio de Hacienda introducirá a la referida iniciativa, que se encuentra en segundo trámite constitucional en comisiones unidas de Hacienda y Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Los detalles de la propuesta los dio a conocer esta mañana el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, junto al Director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar; el Director (S) del Servicio Nacional de Aduanas, Víctor Valenzuela, y el coordinador general de asesores del Ministerio de Hacienda, Marcelo Tokman. “Este proyecto de ley propende a fortalecer las instituciones, a garantizar la autonomía y los derechos de los contribuyentes”, destacó Velasco. Agregó que “la calidad de las instituciones y la certeza jurídica son dos componentes esenciales para un proceso de inversión, de actividad económica creciente, que lleva al país a una mayor prosperidad. Chile ha venido ya hace mucho tiempo mejorando sus instituciones y es reconocido por esto en todo el mundo. Pero siempre quedan tareas y desafíos pendientes que el Gobierno está abordando y que va a seguir abordando y hoy planteamos un paso más en esta dirección”, sostuvo. En lo fundamental, la indicación fortalece el concepto de independencia de los Tribunales Tributarios, el cual ya había sido recogido en el proyecto de ley actualmente en trámite, por la vía de separarlos, tanto orgánica como funcionalmente del Servicio de Impuestos Internos. Conjuntamente con lo anterior, la indicación también propone que los nuevos Tribunales puedan conocer las reclamaciones que presenten los contribuyentes en contra de las actuaciones administrativas del Servicio Nacional de Aduanas. La similitud de los procedimientos en materias tributarias y aduaneras permite la incorporación de éstas últimas a la competencia de tales tribunales, resolviendo a un tiempo las críticas formuladas tanto al Servicio de Impuesto Internos como al de Aduanas en cuanto a la falta de independencia en la resolución de las reclamaciones. Para ello, se crea un sistema descentralizado de Tribunales Tributarios y Aduaneros de primera instancia, sujetos a la supervigilancia de la Corte Suprema e independientes del SII y del Servicio de Aduanas. Para asegurar la dedicación completa de los integrantes de los tribunales al ejercicio de sus labores, se creará una unidad especializada, desconcentrada, vinculada a la Subsecretaría de Hacienda, que se encargará de la gestión económica y administrativa necesaria para el buen funcionamiento de los tribunales. Los Jueces Tributarios y Aduaneros y los Secretarios de los tribunales serán nombrados mediante un procedimiento concursal de naturaleza mixta en que participará la Dirección Nacional del Servicio Civil, que propondrá una lista de personas idóneas para desempeñar el cargo a la respectiva Corte de Apelaciones. La Corte escogerá una terna, la que será elevada a la decisión final del Presidente de la República. La Indicación también contempla medidas para descongestionar la carga actual de trabajo mediante la creación de tribunales en cada capital regional y cuatro tribunales en la Región Metropolitana, contemplándose la existencia de dos jueces para el tribunal del sector de Santiago Oriente en atención a la mayor acumulación de procesos que existe en dicha jurisdicción. Tales tribunales estarán dotados de personal capacitado y especializado para conocer de materias tributarias y aduaneras. En términos de procedimiento, la indicación consagra expresamente para aquel contribuyente que considere vulnerado sus derechos la posibilidad de solicitar la reconsideración administrativa ante el Servicio correspondiente, o bien dirigir su reclamación directamente ante los nuevos tribunales especializados. El plazo para reclamar ante el tribunal se amplía de 60 a 90 días para permitir un tiempo prudente en el que pueda efectuarse el procedimiento de reconsideración administrativa. Respecto a la implementación del proyecto, el ministro Velasco dijo que se contempla una ejecución gradual que “va a ser en el curso de 4 años de acuerdo a lo contemplado en esta indicación”. Agregó que el costo de la reforma en régimen se estimó en $4 mil millones, “cuando esté operando plenamente, después del período de transición”. El Director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, detalló que el proyecto se iniciará en las regiones del norte del país e irá avanzando gradualmente hasta incorporar a la Región Metropolitana. Habrá además un solo tribunal tributario-aduanero. “Es un tribunal que va a conocer ambos tipos de materias, lo que se está previendo es que el personal que va a atender este tribunal, principalmente el juez, el secretario, son personas que deben tener conocimientos en materias de impuestos internos así como de impuestos externos”, aclaró. También se está previendo que en tres de los tribunales, que son los que concentran la mayor cantidad de causas en materia aduanera como son Iquique, Valparaíso y Santiago Centro, va a existir además del juez dos secretarios, uno de ellos especialista en materias aduaneras, lo que debiera permitir una administración muy eficiente de estas causas. El coordinador general de asesores del Ministerio de Hacienda, Marcelo Tokman, explicó además que los tribunales dependerán sólo administrativamente de la Subsecretaría de Hacienda, pero su dependencia jerárquica y jurisdiccional será respecto a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Por su parte, el Director Nacional de Aduanas, Sergio Mujica, quien se encuentra en Venezuela participando en la XVII Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, señaló que se sentía muy contento por la decisión, ya que como Chile tiene una estrategia de desarrollo fuertemente centrada en el comercio exterior, no resulta conveniente que en el otorgamiento de justicia Aduanas fuese juez y parte. “El Servicio Nacional de Aduanas recauda un tercio de los tributos del país y no podía queda fuera del proyecto de ley de los tribunales tributarios. De esta forma, se está resolviendo integralmente el problema de justicia tributaria“, agregó. Se establece la aplicación gradual de la ley en un plazo máximo de tres años, contados desde la fecha en que ésta se publique en el Diario Oficial. Ello persigue contar con el tiempo y los recursos necesarios para su implementación en cada una de las regiones del país, a la vez que permitirá ir detectando los problemas connaturales a la implementación de una nueva judicatura y adoptar oportunamente las correcciones que resulten necesarias. Santiago, 20 de octubre de 2006 | 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
